El Acuerdo de Escazú enfatiza la importancia de la participación activa y significativa del público en la toma de decisiones ambientales. Este derecho de participación se alinea con el principio de gobernanza que aboga por la inclusión de múltiples actores en la formulación de políticas ambientales.
El Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú consideró la creación de un sistema de gobernanza que contempla una instancia nacional de participación formal, así como instancias regionales: el Consejo Nacional Estratégico Público-Privado, el cual considerará un espacio funcional denominado grupo ampliado para comprender la participación de diversos sectores de la sociedad civil y, a nivel regional, se podrán establecer Comités Estratégicos Regionales o realizar labores de seguimiento a través de los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente.
En la siguientes figuras, se puede observar la conformación y funciones generales de estos espacios de participación
