El Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, siendo el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que contiene disposiciones específicas destinadas a proteger a personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú surgió tras constatarse la necesidad de alcanzar compromisos para la implementación cabal de los derechos de acceso señalados en el Principio 10 de la Declaración de Río, entendiendo que tales derechos permiten abordar eventuales conflictos socioambientales desde sus inicios, contribuyendo a un proceso de toma de decisiones que goce de un robusto respaldo ciudadano, aporte a la estabilidad y paz social, y al desarrollo sostenible. De esta forma, el Acuerdo representa una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia ambiental, los derechos humanos y la protección ambiental, y también para el cumplimiento de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Como lo reconoce la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), secretaría del tratado, este instrumento constituye un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, reflejando la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. El Acuerdo entró en vigencia el 22 de abril de 2021, y su primera Conferencia de las Partes (COP) tuvo lugar entre el 20 y el 22 de abril de 2022 en Santiago de Chile. Nuestro país es Estado Parte del tratado desde el 11 de septiembre de 2022.
En la actualidad, 24 países lo han firmado y 16 países son Estado Parte: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Dominica, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y las Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
El máximo órgano deliberativo y de decisión del Acuerdo de Escazú es la Conferencia de las Partes o COPS, integrada por los países que lo han ratificado y cuenta, además, con la significativa participación del público. Entre sus funciones está examinar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo.
Escazú en Chile
Desde que Chile ingresó como Estado Parte del Acuerdo el 11 de septiembre de 2022, y en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se desarrolló un primer diagnóstico sobre el estado de cumplimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental, y sobre el nivel de protección de las personas defensoras en asuntos ambientales. Del mismo modo y gracias al apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se elaboró un mapa de actores, una propuesta de gobernanza y coordinación interinstitucional para la implementación de Escazú.
Con estos importantes insumos, el Ministerio del Medio Ambiente inició durante el año 2023 el trabajo de elaboración de un Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú Chile 2024-2030 (PIPE) con el objeto de evaluar, con la significativa participación del público, las brechas, oportunidades y definir las medidas prioritarias para su incorporación plena y efectiva en Chile.
Luego de un amplio proceso participativo e informado, que incluyó una participación temprana y una posterior consulta pública, el Plan Nacional fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático el 15 de abril de 2024.
El Plan está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación. Estos puntos coinciden con los principales pilares del Acuerdo de Escazú.
Actualmente, el Plan se encuentra en proceso de instalación del mecanismo de ejecución y control del instrumento, que contemplará la reportabilidad y difusión a la ciudadanía de los avances del Plan, así como el proceso de conformación y funcionamiento de la Gobernanza de Escazú, instancia consultiva representativa de los distintos sectores de la sociedad que contribuirá del mismo modo, a su seguimiento e implementación.
